3.2. Política ambiental local (36)

Los problemas y las soluciones de la política ambiental se relacionan íntimamente con los gobiernos locales; en este sentido su participación constituirá un factor determinante para el logro de los objetivos. Las autoridades locales se ocupan de la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura económica, social y ecológica; supervisan los procesos de planificación territorial, establecen las políticas y reglamentaciones ecológicas locales y contribuyen a la ejecución de las políticas ambientales. En su carácter de autoridad más cercana al pueblo, desempeñan una función esencial en la educación y movilización del público tendiente a consolidar alternativas de desarrollo sostenible.

El proceso de democratización existente en los últimos años en América Latina, trajo aparejado otro proceso no menos importante: la descentralización política. Esta realidad, sumada a una tendencia consolidada en el resto del mundo, otorgó a los gobiernos locales un papel particular en la construcción de un modelo de desarrollo más eficiente en general y en el uso de los recursos ambientales y la distribución de los beneficios en particular.

Lamentablemente, en la práctica, la realidad fue otra. Las instancias locales evidenciaron una débil capacidad ejecutiva, debido básicamente a sus dificultades para:

• Adoptar una visión de largo plazo.
• Formular políticas ambientales explícitas y comprobables.
• Desarrollar programas eficaces de vigilancia y control.
• Poseer indicadores e instrumentos ambientales efectivos.
• Disponer de personal y/o equipamiento técnico calificado.
• Acceder a recursos económico- financieros.
• Organizar estructuras técnico - administrativas eficientes.
• Fomentar la participación social.

A su vez existe una falta de eficiencia o eficacia normativa; la legislación ambiental, frondosa y contradictoria, posee una multiplicidad de normas y operatorias de orden nacional, provincial y municipal que generan conflictos por superposición jurisdiccional, que en conjunto tiende a constituirse en sistemas jurídicos centralistas en perjuicio de las regiones y municipios.

Tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. (Río de Janeiro. 1992), la I Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles celebrada en Aalborg, Dinamarca, del 24 al 27 de mayo de 1994, terminó con la aprobación de la Carta de Aalborg (firmada inicialmente por 80 municipios y 253 representantes de organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, centros científicos, asesores y particulares). Hoy ya son más de 412 municipios de 32 países europeos los que se han comprometido a trabajar para conseguir los objetivos de la misma.

La Carta de Aalborg ("Carta de las Ciudades y Pueblos Europeos hacia la Sostenibilidad ") es probablemente el documento guía para la política ambiental local más desarrollado, y consta de tres partes:

• Parte I: Declaración de consenso. Las ciudades europeas hacia un Desarrollo Sostenible.

• Parte II: Campaña de ciudades europeas sostenibles.

• Parte III: Participación en las iniciativas locales de la Agenda 21: planes de acción local en favor de un Desarrollo Sustentable.

Con la firma de la Carta, las ciudades, poblaciones menores y unidades territoriales de Europa se comprometieron a participar en las iniciativas locales de la Agenda 21 y a desarrollar programas a largo plazo hacia un desarrollo sostenible, a la vez que iniciaron la Campaña de Ciudades Europeas Sostenibles, cuyo eje central es precisamente ese, la aplicación a nivel local de los principios de la Agenda 21.

Cualquier autoridad puede adscribirse a la Campaña aprobando y firmando la Carta , lo que le compromete a elaborar su propia Agenda 21 Local, cuyo fin es el de crear y poner en práctica un Plan de Acción Ambiental Local a largo plazo hacia la sustentabilidad en su territorio.

La Campaña está coordinada por 5 grandes redes/asociaciones de autoridades locales, quienes bajo la asistencia técnica de la Secretaría de la Campaña , se reúnen cuatro veces al año para valorar los avances realizados.

Estas redes de apoyo son:

• El Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE).
• El Consejo Internacional para las iniciativas Medioambientales (ICLEI).
• La Federación Mundial de Ciudades Unidas (FMCU).
• EL Proyecto de Ciudades Saludables de la OMS.

Actividad Práctica Nº7

IDENTIFICACION Y VALORACION DE DIFICULTADES PARA INSTRUMENTAR UNA POLITICA AMBIENTAL(37)

Reflexione acerca de la ciudad o localidad donde Ud. reside o trabaja. Es posible identificar las principales dificultades para instrumentar una política ambiental y, en gran medida, causa esencial del deterioro del medio. Se presenta una lista no exhaustiva con dos salvedades:

1) si bien se presentan como cuestiones independientes y agrupadas según ciertas categorías, la gran mayoría de ellas están relacionadas entre sí, en un cuadro de gran complejidad

2) no en todas las ciudades aparecen todas las dificultades mencionadas.

Para cada dificultad propuesta, evalúe si se verifica en su caso, y en caso positivo asigne el nivel que corresponda.

Dificultades de Orden Político

1. Insuficiente relevancia o importancia de la dimensión ambiental en la planificación del desarrollo o en proyectos de inversión.

2. La dimensión ambiental no se incorpora en las estrategias de desarrollo en la medida en que no es considerada una cuestión política de importancia.

3. Débil incorporación de la comunidad organizada en las diversas fases de la gestión ambiental.

4. Falta de promoción de investigaciones científicas y tecnológicas requeridas por la realidad local y abandono de las tecnologías nativas.

5. Una relación asimétrica en términos de “poder” entre los responsables de la degradación y la protección ambiental.

6. Incapacidad política del Estado para integrar los avances sectoriales y parciales, por carecer de visión holística, sistémica y de largo plazo, su proceder es básicamente reparativo, asistencialista y curativo.

Dificultades de Orden Tecnológico

7. La información ambiental documental o fáctica se halla dispersa y atomizada, cuando no ausente, en regla general es de origen secundario y no esta sistematizada su obtención en el espacio y en el tiempo.

8. Existe un atraso tecnológico, industrial y de gestión, enriquecido por dos vertientes básicas: la crisis económica y la ausencia de desarrollo de tecnología apropiada.

Dificultades de orden institucional

9. Existencia de numerosas de entidades estatales con responsabilidades ambientales con atribuciones no muy claras.

10. Sectorialismo en la toma de decisiones ambientales en perjuicio de su manejo sistémico, lo que se expresa en la dispersión de acciones y no pocos conflictos.

11. Superposición intra e interjurisdiccional en las funciones y competencias de regulación y fiscalización ambiental.

12. Existe dispersión de la estructura institucional motivada por:

a) falta de instancias eficientes de coordinación interinstitucional

b) modelo de gestión excesivamente centralizado

c) defectos administrativos u organizacionales.

13. Falta, también, coordinación de funciones complementarias, pero fundamentales, como la investigación, la administración de la información y la concientización ambiental.

14. Las limitaciones presupuestarias han determinado que se busque ayuda externa para incorporar nueva tecnología y este proceso muchas veces dista de ser eficiente. Existe un desaprovechamiento de la ayuda internacional.

15. Ausencia real o funcional de un organismo rector de las acciones ambientales, suprasectorial y transectorial, con objetivos nacionales, capaz de dirigir y coordinar a las entidades públicas y de regular el comportamiento de las entidades privadas competentes.

16. Débil capacidad ejecutiva (políticamente irrelevante, técnicamente ineficiente, hiperburocratizada y/o con inadecuada comunicación social).

Dificultades de orden jurídico - normativo

17. Falta de eficiencia o eficacia normativa. Legislación ambiental frondosa y contradictoria, con sistemas jurídicos centralistas en perjuicio de las regiones y municipios. No existe sanción del delito ecológico.

18. Existe una multiplicidad de normativas y operatorias de orden nacional, provincial y municipal que generan conflictos por superposición jurisdiccional que en la práctica se traduce como un vacío normativo real.

19. La legislación medioambiental no es una herramienta útil en la medida que no es concebida en forma coherente con la dinámica de desarrollo.

20. Los problemas ambientales no se solucionan sólo con el dictado de leyes, decretos u ordenanzas.

21. Los distintos poderes del Estado no buscan formas alternativas de articulación del funcionamiento para una efectiva acción ambiental.

Dificultades de orden económico

22. El contexto de una crisis integral y profunda que viene padeciendo la región.

23. Desarticulación de las políticas económicas de las cuestiones relativas al ambiente y a los recursos naturales.

24. Excesiva derivación de recursos financieros y presupuestarios hacia estudios y publicidad de utilidad no comprobable.

Dificultades de orden cultural y educativo

25. Bajos niveles de conciencia ambiental ciudadana e institucional, pública y privada; debido a una cultura de apropiación abusiva del ambiente, basada en el desprecio por el bien común.

26. La educación ambiental no es una preocupación prioritaria gubernamental o está alejada de la realidad del alumno.

27. Niveles indeseables de corrupción en la sociedad en general y en los órganos de regulación en particular.