Clase 2 de la Unidad 2.C.

3. Políticas Ambientales Globales y Locales

3.1. Política ambiental global

La globalización económica está produciendo múltiples efectos en la sustentabilidad ambiental. Las interacciones son tantas y tan complejas que sería demasiado simplista afirmar que se trata de ámbitos contrapuestos. De lo que no cabe duda -y la evidencia científica así lo indica- es que la escala creciente y acumulativa de las actividades humanas ha ocasionado impactos ambientales de carácter mundial (“males públicos globales”) que no se reflejan en los mercados pero que afectan intereses comunes globales que escapan a las perspectivas nacionales.

Se ha puesto de manifiesto una mayor interdependencia y vulnerabilidad ambiental entre los países, independientemente de su grado de desarrollo, lo cual confiere un carácter singular a la fase de la globalización desarrollada en el último cuarto del siglo XX(31). Paralelamente, se registran “escisiones” u “oposiciones”(32) desde diversas dimensiones de la política ambiental, particularmente desde el consumo de medio ambiente (entre los países centrales y los periféricos), desde el “discurso” sobre la crisis ambiental (entre aquellos que plantean un discurso “duro”, tecnocrático y los que sostienen otro más “blando” y político), e inclusive desde el “espacio” de ésta: por un lado el "espacio de los flujos"(33), que es en realidad donde se generan y ubican preferentemente las políticas ambientales vigentes, conviviendo con el capital, el poder, la ciencia y la tecnología, y por otro el "espacio de los lugares", donde se presentan los dilemas ambientales, donde se encuentra el sentido humano del conflicto, los recursos naturales, las necesidades y, por que no, las soluciones.

Los imperativos de una política ambiental global se han puesto de manifiesto en las diversas cumbres y conferencias mundiales y en los acuerdos multilaterales ambientales que se celebraron y acordaron en los años noventa. Estos procesos y acuerdos han tenido dos efectos fundamentales: instar a los gobiernos a un desempeño internacional más proactivo (a fin de cooperar para proteger y administrar los bienes públicos globales sobre la base de esquemas multilaterales innovadores), y propiciar una mayor equidad en la distribución de las responsabilidades y costos para revertir los daños ambientales entre los Estados ricos y pobres.

De esta manera, en los ‘90 emergió un nuevo cuadro ético-político, que incluyó nuevos principios jurídicos en el ámbito internacional sobre el medio ambiente y el desarrollo.

El más sobresaliente es el Principio 7 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, relativo a “las responsabilidades comunes pero diferenciadas”, en que se reconoce implícitamente la deuda ambiental que los países desarrollados han adquirido con el resto de la comunidad internacional, tras haber sometido al medio ambiente a un conjunto de externalidades acumulativas y globales producto de su trayectoria de industrialización. En él se reflejan las diferencias existentes de un país a otro en cuanto a su participación histórica en la generación de dichas externalidades ambientales y, sobre todo, se sientan las bases políticas para emprender acciones mitigadoras diferenciadas de acuerdo con sus posibilidades financieras y tecnológicas. Ello implica que los países industrializados deben asumir mayores compromisos que los países en desarrollo en el marco de los acuerdos multilaterales ambientales.

La última revisión formal de política ambiental global se realizó en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002), resumida en su declaración política donde se reafirma el compromiso en pro de un desarrollo sustentable y se desea:

• "El construir una sociedad mundial humanitaria, equitativa y generosa.
• "El promover en los planos local, nacional, regional y mundial, el desarrollo económico, desarrollo social y la protección ambiental, pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible".

Al mismo tiempo, se identifican como grandes problemas a resolver:

• Las pautas insostenibles de producción y consumo.
• La profunda fisura que divide a la sociedad humana entre pobres y ricos.
• El constante deterioro del medio ambiente mundial
• La globalización de la economía
• El riesgo de que las anteriores disparidades se hagan crónicas.

Y se definen como grandes líneas de acción:

• La erradicación de la pobreza.
• La modificación de los modos insostenibles de consumo y producción.
• La protección y gestión de la base de recursos naturales.
• La protección y gestión del desarrollo económico y social.
• El desarrollo sostenible en un mundo en vías de globalización.
• La salud en el desarrollo sostenible.
• El fomentar las iniciativas regionales en: África, América latina y el Caribe, Asia y el Pacifico, Asia Occidental y la Comisión Económica para Europa.

En este contexto, la dimensión ambiental será cada vez más esencial como escenario de negociaciones entre América Latina y los países industrializados.

Por la importancia de los servicios ambientales globales que provee, tales como el almacenamiento de CO 2 (principal generador del cambio climático a través del efecto invernadero) en sus extensos bosques, y su enorme riqueza en biodiversidad terrestre y marina, la región tiene el potencial y la oportunidad de cumplir un papel fundamental en la solución de los problemas globales.

Las consecuencias ambientales de la globalización difieren de las económicas, en tiempo y espacio. Las consecuencias ambientales tienen, por lo general, efectos de más largo plazo, con características dinámicas, acumulativas y difíciles de medir por estar en algunos casos asociadas a parámetros cualitativos.

Además, muchas de estas consecuencias no necesariamente se ven reflejadas en los mercados: contaminación transfronteriza, repercusiones en los bienes globales, impacto sobre el paisaje y pérdida de belleza escénica, extinción de especies y pérdida de biodiversidad, entre otras(34).

Se generan impactos ambientales directos a través de la utilización de las nuevas tecnologías para los cultivos alimenticios, industriales y energéticos; la explotación de nuevos recursos naturales renovables y no renovables; la creación y dispersión de nuevas formas biológicas, y la emisión de nuevas sustancias en el ambiente.

También se generan impactos ambientales indirectos a través de las reacomodaciones sociales, económicas, políticas y demográficas que obedecen a los cambios de precios y demandas, de la organización social del trabajo, de los sistemas de producción, del empleo, de la división internacional del trabajo, de los servicios y de la relocalización y naturaleza de las actividades y asentamientos humanos, inducidos por la penetración de nuevas tecnologías.

Los impactos ambientales ligados a la redefinición general de las ventajas comparativas son difíciles de anticipar, dadas la posibilidad de que surjan nuevas ventajas insospechadas y la probabilidad de que se multiplique el número de factores que definen las ventajas comparativas y la volatilidad de las mismas.

La disminución de la relación materia prima/producto y la sustitución de materiales en el nuevo paradigma tecnoeconómico afectarán más directamente a los países que basaron su proceso de acumulación de capital en los recursos mineros o forestales. Las nuevas tecnologías, y particularmente la biotecnología, ya está perjudicando a los productores agropecuarios tradicionales, ya que transfieren las ganancias y el control de la producción y comercialización hacia las grandes empresas transnacionales químicas y farmacéuticas y hacia los grandes comercializadores. Los adelantos en materia de rendimientos agropecuarios en los países avanzados, gracias a los nuevos desarrollos tecnológicos -a los que se agregan sus políticas de subsidio a la agricultura- están reduciendo las ventajas comparativas edáficas y climáticas de América Latina.

Varias son las ventajas comparativas que podrían surgir en países de la región, con disímiles consecuencias ambientales. La gama abarca las ventajas referidas al acceso a fuentes de energía barata, las asociadas a la reducción de costos de transporte por la cercanía a la fuente de recursos naturales, las de radicación otorgadas por legislaciones ambientales o sanitarias permisivas (una ventaja perversa) y las de aprovechamiento de las condiciones o componentes ecológicos o climáticos locales.

En términos ecológicos, este mosaico cambiante de ventajas comparativas en los países de la región podría plantear los riesgos de una mayor presión sobre espacios o ecosistemas frágiles o remotos actualmente poco intervenidos, la brusca puesta en valor de elementos o funciones ecológicas particulares (y la pérdida de valor de otros) y la implantación de nuevas formas biológicas e incluso de ecosistemas exóticos a la región.

En ausencia de regulación social, estos fenómenos pueden conducir a la sobreexplotación y degradación de los ecosistemas regionales, y a la pérdida de las ventajas comparativas que pudieran estar asociadas a ellos. En cambio, con una buena gestión, podrían generar nuevas fuentes sostenibles de prosperidad y una redefinición positiva de las ventajas comparativas en el contexto mundial.

En la región el desarrollo y difusión de las nuevas tecnologías, particularmente la biotecnología, pueden producir cambios ambientales significativos(35), como por ejemplo, efectos mayores sobre la sustentabilidad ecológica de las actividades productivas, alteraciones en los ciclos del agua y los nutrientes, cambios en los rendimientos agrícolas, desaparición de algunos ecosistemas y aparición de nuevos, cambios en la oferta ecológica de los recursos naturales y modificaciones en los factores limitantes y las restricciones ecológicas.

En cualquier caso, el potencial técnico para un manejo sostenible de los ecosistemas, para el control, monitoreo y reducción de la contaminación ambiental, para la diversificación de usos de los recursos ecológicos, y para el desarrollo ecológicamente sostenible a largo plazo, es hoy más alto que en cualquier momento del pasado.

Sin embargo, la dirección en que se están configurando las trayectorias del nuevo paradigma tecnoeconómico permite anticipar que, a menos que los países de la región adopten estrategias activas sostenidas, definidas endógenamente, y compartidas entre los actores sociales por un lado, y entre los países por otro, para realizar los cambios estructurales sociales, económicos y tecnológicos necesarios, el potencial técnico mencionado tenderá a plasmarse en los países más avanzados, mientras que la región corre el riesgo de concentrar los efectos perversos de la revolución tecnoeconómica.