2.4 A la busqueda de una nueva hegemonía


El plan monopolista en la economía tiene como correlato, en la política, a un modelo de Estado autoritario que concentre el poder asociando los núcleos de decisión económica con los de decisión política. La nueva organización del capitalismo, en la que el Estado debe jugar un fuerte papel intervencionista como dinamizador de la economía, obliga a concentrar el poder fragmentado. El Parlamento -institución concurrencial en la que los partidos son portadores de las presiones de todas las fracciones en que se divide la clase dominante- pierde así vigencia: en ese mercado político, desfasado con respecto al mercado económico, los desplazados suelen ser los vencedores. La lógica del desarrollo monopolista no tolera ese desencaje entre economía y política: el Parlamento y los partidos, por ello desaparecen o se subalternizan y en su lugar emerge la autoridad presidencial y la presencia de los tecnócratas y aún de los propios gerentes del capital en las cúspides de la burocracia.

Esta ley se expresa en cada sociedad según características particulares. En la Argentina de 1966 fueron las Fuerzas Armadas sus agentes desencadenantes, al tomar el poder para garantizar, de hecho, las condiciones políticas de la dominación monopolista. Al lado de las Fuerzas Armadas, la nueva hegemonía quiso fundarse con el agregado de otras dos fuerzas sociales: el establishment y la burocracia sindical. En esa asociación debía encontrarse una fórmula de poder que fuera expresiva, en el plano político, de la etapa capitalista monopolista dependiente. Pero ese alineamiento nunca pudo estructurarse como una verdadera coalición, con lo que el proyecto hegemónico manifestó siempre extrema vulnerabilidad hasta estallar, por fin, en 1970: enfrentados a una fusión de contradicciones que abarcaba a fracciones desplazadas pertenecientes a las clases dominantes y al conjunto de las clases dominadas y que se expresaba en lo económico, en lo político y en lo ideológico, los soportes socio-políticos del plan monopolista vacilaron, volviendo a crear un vacío de autoridad.

En su discurso de marzo de 1967 anunciando la nueva política económica, Krieger Vasena, cabeza del establishment asentado en el poder, había fijado los rasgos del proyecto y anticipado sus consecuencias sociales:

"Lo que buscan las autoridades del país es evitar la transferencia de ingresos en gran escala de unos sectores a otros. Dentro de cada sector se desea premiar a los más eficientes y que este premio sea el resultado de su propio esfuerzo".

El reinado del capital monopolista, entendido como proyecto racionalizador del sistema, supone -y ese era el sentido de las palabras de Krieger Vasena- la eliminación de lo periférico, de lo "artificial". Si la primera etapa de industrialización, a través de la sustitución de importaciones, permitió la coexistencia de distintas fracciones de las clases dominantes gracias a que, en el marco de un rápido crecimiento de las fuerzas productivas, todas tuvieron asegurado el acceso a una porción del mismo, la etapa monopolista supone, en cambio, tensiones y rupturas graves en el interior de los sectores propietarios.

No repetiremos acá un análisis de la implementación del plan monopolista en cuanto hace a sus mecanismos económicos, aspectos sobre el que existe ya una importante bibliografía: nuestro objeto son sus consecuencias sociales y, por lo tanto, la forma en que se redefinen campos de interés y se desplazan los puntos de ruptura políticos.

Si desde la perspectiva de los asalariados el plan monopolista trae apareada una política de shock que desde sus primeros tramos rebaja brutalmente sus ingresos reales, en el interior de las clases dominantes la hegemonía de la fracción monopolista en la Argentina 1966 supuso una transferencia en la distribución de la plusvalía en perjuicio de la burguesía pequeña y mediana y de la llamada "oligarquía agropecuaria", proceso al que se superpuso un flujo constante de ingresos en favor del Litoral en detrimento del Interior.

Una política de tal modo agresiva, que busca quebrar una situación de "empate", no puede desatarse sino a través del respaldo de la violencia desnuda, montada sobre una estructura vertical, autoritaria del Estado. El supuesto teórico -en la medida en que la pura violencia no puede sostenerse como una situación "normal" en una sociedad compleja- es que los primeros "sacrificios", tras una etapa de disciplina forzosa pueden superarse a no muy largo plazo y crearse las bases para una ampliación del consenso.

En efecto, es condición para la realización política del modelo, que los reajustes en el nivel económico lleven a una racionalización y "modernización" del sistema social, capaz de generar una rápida expansión de las fuerzas productivas, una acumulación de riqueza con la que se podrá "premiar" luego, selectivamente, a distintos estratos en términos de su comportamiento eficiente.

Este supuesto es el que le da sentido al esquema de los "tres tiempos" formulado en 1966 por los teóricos de la Revolución Argentina. En realidad, el "tiempo económico", el "tiempo social" y el "tiempo político" por los que debía atravesar ordenadamente la sociedad, pueden ser traducidos como una sucesión ideal de dos etapas:

en el modelo monopolista operaría primero un momento de Acumulación (de riqueza y poder) que supone el sostén del autoritarismo armado a la reestructuración económica en beneficio de los monopolios y un momento posterior de Distribución en el cual, diferencialmente, se repartirían entre otros sectores porciones de la riqueza acumulada y se regularían formas controladas de participación de esos sectores en el poder.


El plan monopolista organiza así una carrera contra el tiempo y su éxito o su fracaso dependen de la velocidad de movimiento de dos factores: el rechazo al proyecto por parte de los perjudicados y la recolección de los frutos del plan, para permitir los necesarios reajustes consensuales. En la Argentina el primer factor desbordó al segundo obligando, desde mediados de 1969, a un repliegue del proyecto hegemónico monopolista, ante una convergencia de variables económicas, sociales y políticas que acumularon diversos puntos de ruptura. Los principales soportes político-sociales del plan de los monopolios, que podían acompañar al establishment en la estructuración del nuevo proyecto hegemónico -las Fuerzas Armadas y la burocracia sindical- vacilaron frente a la marea de contradicciones concentradas: el "Cordobazo" hirió de muerte a esta primera versión de la hegemonía monopolista.

 
 
 
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