2.6 Los obstaculos para la "brasileizacion"

El eje de sentido de este análisis de la crisis argentina son las contradicciones secundarias, internas al capitalismo. La elección -ya ha sido señalado- no implica transmutar estos antagonismos en los principales en el nivel social, sino a marcar el peso predominante que los mismos efectivamente tienen aún en el espacio político.

Lo que interesa destacar es la capacidad de resistencia política que, a través de distintas fuerzas sociales, tiene en la Argentina el viejo capitalismo urbano y rural frente al proyecto hegemónico neodependiente.

La literatura económica, sociológica y política corriente sobre la dependencia en América Latina, tiende a enfatizar -casi siempre por la proximidad empírica que en relación a sus análisis teóricos tiene el caso brasileño- dos aspectos complementarios.

Por un lado, la virtual desaparición, como fuerza con capacidad de iniciativa política, de la burguesía no monopolista.

Por el otro, la disolución de los movimientos populistas.

Ninguna de esas dos proposiciones que, vistas por el historiador futuro pueden ser válidas, permiten explicar la coyuntura política argentina.

Las fuerzas polares que se enfrentan en la contradicción social principal no tienen una expresión política eficaz, y ese escenario está primordialmente ocupado por representantes de proyectos que, residuales desde el punto de vista del desarrollo económico-social, acumulan un enorme poder de veto político aunque no tengan similar fuerza para poner en práctica sus decisiones. Este es el rasgo político que diferencia a la Argentina del resto de Latinoamérica, especialmente de los dos modelos "límite" que suelen utilizarse como punto de referencia para medir las relaciones entre las nuevas formas de dependencia imperialista y las fuerzas sociales locales: Perú y Brasil.

El caso brasileño es el más interesante para intentar un sumario análisis comparativo. Como hemos señalado, la "Revolución Brasileña" de 1964 y la Revolución Argentina de 1966 tienen puntos de partida similares: la voluntad de establecer un sistema burocrático-autoritario para instrumentar un desarrollo de las relaciones capitalistas bajo la hegemonía de la burguesía monopolista.

Sin embargo, a medida que el proceso fue desarrollándose en la Argentina, las dificultades para viabilizarlo aumentaron su intensidad hasta hacerlo fracasar políticamente. Si es cierto que la determinante de ese fracaso fue la resistencia activa de las clases populares, también lo es que el principal beneficiario político de la crisis es el reformismo burgués, expresado en los partidos políticos y en la burocracia sindical y sostenido en los límites que traza el proyecto posible de la burguesía no monopolista, económicamente a la defensiva pero políticamente a la ofensiva.

Entre 1967 y 1968, al cumplirse el primer trienio del golpe de Estado dado por los militares brasileños, una crisis similar a la que estalla en la Argentina en 1970, se instala en el sistema político de ese país. El año 1968 es, en Brasil, un año de escalada en la ofensiva de los perjudicados por la nueva situación: grandes movilizaciones estudiantiles, extensión de las luchas obreras, primera aparición de la guerrilla y consolidación de toda la oposición civil en el Frente Amplio, una coalición en la que confluye todo el sistema de partidos, desde los comunistas hasta Carlos Lacerda, para jaquear al poder militar.

El desenlace de ese proceso será, sin embargo, el fortalecimiento de la hegemonía del capital monopolista, a través de la consolidación de una oligarquía militar-industrial que barre totalmente a la oposición.

La respuesta que las Fuerzas Armadas pudieron dar entonces a la ofensiva combinada de los políticos tradicionales y del movimiento obrero y estudiantil, consistió en galvanizar aún más el aparato autoritario y forzar la marcha en la realización de los panes económicos neodependientes. La decisión de volcar todo el peso de Estado a favor del modelo de capitalismo monopólico dependiente, fue lo que permitió el llamado "milagro": a costa de cada vez más marginalidad y diferenciación social y económica, de concentración de la riqueza y aumento de la miseria relativa de las grandes masas populares, el sistema probó su dinamismo, mostrando que sus límites no se hallan en las leyes de la economía sino en los movimientos del sistema político. Si el capital monopolista dispone de Poder necesario para desbaratar las primeras resistencias y acelerar la marcha en lugar de detenerla, puede conseguir éxitos en sus metas desarrollistas.

Esta decisión es la que no pudo implementarse en la Argentina: la crisis social y política de 1969-70 arrastrará a su caída al autoritarismo militar de Onganía y planteará, nuevamente, una situación de vacío hegemónico.

Aunque la dirección causal puede ser discutida, es un hecho que la crisis política de 1970 aparece como punto de partida de un descenso en los indicadores de crecimiento económico que habían manifestado un alza sostenido durante el bienio anterior, en el cual, además, habían descendido significativamente las tasas de inflación. Como ha sido señalado, "el plan Krieger Vasena lleva a la economía argentina a un punto en el que, dadas las situaciones estructurales que condicionaron aquella coyuntura, la única alternativa al desorden económico es la continuidad del plan. Sin embargo, dicha continuidad implicaba acentuar aún más ferozmente la explotación de la clase obrera y la pauperización de la pequeña burguesía el irritar más también la situación de parte de los sectores dominantes, especialmente la oligarquía terrateniente." (17)

Es decir, que en 1970 la opción dinámica para el sistema hubiera sido, desde la lógica económica, la continuidad del plan, pero esa lógica chocaba contra techos políticos y sociales que no involucraban solamente a las clases populares sino que abarcaban a sectores de la burguesía, lo suficientemente poderosos políticamente como para frustrar la hegemonía monopolista.

Pero ese poder de resistencia, que contribuyó a desbaratar el plan de Krieger Vasena y que desembarcó a Onganía del Estado tiene, a su vez, límites para revertir el proceso; límites económicos, sociales y políticos que dificultan, hasta tornarla improbable, una asimilación del tipo de hegemonía consolidada en el Perú por la revolución militar de 1968.

Entre junio de 1970, en que es derrocado Onganía, y marzo de 1971, en que toma el poder Lanusse, tiene lugar en la Argentina un paréntesis significativo: el breve período presidencial del general Levingston. El interés de ese lapso interno a la Revolución Argentina consiste en que, durante el mismo y a través del ministerio de Economía de Aldo Ferrer, el capital nacional llega al punto más alto, desde la caída de Perón en 1955, en sus intentos por influir sobre las decisiones del Estado.

Aunque finalmente fracasaron, Levingston-Ferrer buscaron poner en marcha un proyecto reformista que, en lo económico-social, aspiraba a asociar al capital nacional con el Estado. No se trataba de un proyecto nacionalista revolucionario de capitalismo de Estado, sino de una más módica "argentinización" de la economía, a través de la utilización del importante poder de compra del Estado y de una redistribución del crédito bancario que favoreciera a los empresarios nacionales.

La estructura de ese poder debía basarse en una coalición entre Fuerzas Armadas, burocracia sindical y la tecnocracia ligada a las organizaciones corporativas en que se agrupa el capital nacional, dejando fuera de proceso a los partidos políticos. Pero la clave para el funcionamiento de ese bloque era que las Fuerzas Armadas aceptaran transformarse en el eje dinamizador de un proyecto reformista que revirtiera el proceso de extranjerización de la economía.

Desde el punto de vista de las formas, el modelo propuesto recogía las iniciativas primeras de la Revolución Argentina, en tanto marginaba al sistema de partidos y tendía a mantener desmovilizados a los sectores populares. Pero su contenido era diferente: así como las Fuerzas Armadas habían sido el eje del proyecto neodependiente, debían transformarse ahora en principal sostén de un proceso tendiente a permitir que la burguesía agraria y el capital nacional ganaran posiciones, en detrimento del capital monopolista, que debía dar un paso al costado y, en algunos aspectos, sufrir las consecuencias de medidas económicas que lo perjudicaban.

Un mes antes de ser derrocado, el gobierno adoptó decisiones que contrariaban concretos intereses de las grandes compañías petroleras extranjeras y de empresas como Bunge y Born y Deltec. Estas medidas que efectivamente indicaban un desplazamiento en el interior de las clases dominantes a favor del capital nacional, no impidieron, sino en todo caso aceleraron, la crisis política.

El estado de movilización de las clases populares, en ascenso desde 1969, creció en intensidad cuando la economía, a fines de 1970, entraba en un nuevo período recesivo e inflacionario. El sistema de partidos, por su parte, acentuó su ofensiva contra un modelo político que lo excluía.

En medio de esa crisis de legitimidad, las Fuerzas Armadas cargaban ya con un desgaste suficiente como para que pudieran tener éxito los planteos tendientes a inducirlas para que se pusieran a la cabeza del proyecto reformista elaborado por la tecnocracia ligada al capitalismo nacional. La presencia de masas movilizadas había llevado ya a la cúpula militar a diseñar otro intento de desemboque para la crisis: la reconciliación con los partidos políticos y la burocracia sindical.

El tránsito fugaz de Levingston tiene similitud con el episodio que protagonizara, en Brasil, el general Alburquerque Lima, líder de la corriente llamada nacionalista del Ejército, finamente desalojado de toda participación en el poder. La diferencia está en el proceso posterior al desenlace infeliz para las corrientes nacionalistas: en Brasil, del fracaso de ese intento resurgirá con más bríos el proyecto neodependiente; en la Argentina se irá, trabajosamente, pactando un nuevo empate entre las clases dominantes.