A principios de diciembre de 2001, la crisis desatada por los últimos días del gobierno de De la Rúa trajo como una de sus tantas consecuencias una forma de protesta civil que fue conformándose con una particularidad rara vez vista en nuestra historia política: los vecinos realizaban sus primeras reuniones en distintos puntos de Buenos Aires y otras ciudades importantes, principalmente en las plazas y/o parques, asumiendo una
actitud contestataria.
“La vertiente principal de esta movilización ciudadana y vecinal expresa un rechazo de los liderazgos y autoridades existentes pero lo hace pacíficamente no en busca de otro régimen político sino en vistas a la reforma y mejoramiento de la democracia. El veto silencioso a la campaña reeleccionista de Menem, y la sorpresiva emergencia de una corriente de ciudadanos que no fueron a votar el 14 de Octubre para poner en cuestión las candidaturas que se le ofrecían, son los antecedentes de esta autonomía cívica” (Cheresky, Febrero 22 -
2002 Pagina 12).
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El antecedente inmediato a esta protesta generalizada había sido el resultado eleccionario de octubre 2001, en donde el llamado ‘voto bronca’ (voto a Clemente, San Martín, Bin Laden y otros personajes) parecía mostrar una fuerte ruptura entre representantes y representados, ruptura ésta que iba más allá de una expresión de rechazo a tal o cual candidato, sino que se mostraba como transversal a toda la clase política dirigente. |
Para nosotros, la pregunta a realizarnos no será sobre la existencia o no de una crisis de representatividad en el sistema político-institucional argentino sino, más bien, si las asambleas barriales –surgidas, a partir de la crisis, como una de las nuevas formas de ‘participación ciudadana’ – constituyen también una nueva manifestación de representación ciudadana.
En este sentido, podemos decir que mucho se ha escrito tanto sobre el tema de las nuevas formas de participación, fundamentalmente expresados en el análisis del nacimiento, fortalecimiento y expansión de la llamada sociedad civil y su relación con las instituciones formales del poder y del Estado, como así también sobre el tema de la crisis de representatividad (tanto en Argentina como en el resto del mundo) de las instituciones políticas y, más específicamente, de los partidos políticos.
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Sin embargo, es necesario destacar, que lo acontecido en Argentina a partir de diciembre de 2001, no ha sido tratado con suma profundidad hasta el momento. Y esto no se debe solamente a lo reciente de los acontecimientos sino, fundamentalmente, a lo inédito de la experiencia que se diferencia básicamente del concepto de sociedad civil en que, a diferencia de esta última, las asambleas no tuvieron solamente como interés primario servir de instrumento canalizador de las demandas sociales frente a los organismos de gobierno sino el de transformarse ellos mismos en los organismos gobernantes de la ciudadanía, reemplazando a los ya existentes, al menos en el nivel inferior del Estado (municipio, o provincia en el caso esencial de la Ciudad de Buenos Aires). |
Al respecto, puede citarse lo expresado por un integrante de la asamblea de Scalabrini Ortiz y Córdoba : “no tenemos intención ni de aportar a un nuevo gobierno ni de colaborar o ser funcional a la dinámica del Estado, todo lo contrario, yo en particular creo que el Estado tiene que desaparecer y que poco a poco los vecinos, trabajadores, amas de casa, campesinos, tienen que ir haciéndose cargo a nivel colectivo de las funciones (...), el Estado es bastante reticente a las asambleas barriales pero a la vez intenta captarlos (...) intenta tener un vinculo de acercamiento a los efectos de poder sumar a la propia asamblea, por ejemplo, los Centros de Gestión y participación” (Juan, 27)
Tampoco podemos asimilar esta situación a los distintos movimientos populares que derrocaron a las viejas estructuras del Estado en Europa Oriental o a las dictaduras militares o de Partido-Único en el África Subsahariana de la post-guerra fría. La diferencia sustancial con los casos anteriores es que en Argentina, esta rebelión político-institucional se desarrolla en el marco de un período ininterrumpido de 18 años de democracia representativa y multipartidaria.
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