“Transgresores_e_Incivilizados”
Anomia social y anemia estatal. Sobre integración social en Argentina*
Ernesto Aldo Isuani**
* Trabajo presentado al II Congreso Nacional de Ciencia Política, Sociedad Argentina de Análisis Político, Mendoza, 1-4 de noviembre de 1995.
** Universidad de Buenos Aires.
Las normas jurídicas son disposiciones destinadas a regular la conducta social, constituyen productos de las instituciones de gobierno de una sociedad y adquieren vigencia cuando se transforman en regularidades de comportamiento social. Las normas impositivas, por ejemplo, están vigentes cuando generan determinadas regularidades en la conducta de los contribuyentes.
Ahora bien, las normas jurídicas no constituyen la única forma a través de la cual el comportamiento social adquiere regularidad. Un conjunto de conductas no se expresa en el derecho positivo y sin embargo posee vigencia entre los miembros de una sociedad. Estas normas son las denominadas costumbres. Cortarse el cabello con cierta frecuencia es una regularidad de comportamiento que no surge de ninguna norma de derecho positivo.
Las normas jurídicas, en tanto productos del Estado, son el resultado de la lucha y la negociación de las diversas fuerzas sociales que intervienen en su génesis y que les transfieren sus valores, intereses y formas de interpretación de la realidad; en definitiva, su ideología. Por otra parte, las costumbres constituyen una herencia social generada a través de muy diversos caminos y pueden ser juzgadas de acuerdo con la adecuación que poseen respecto de diversos valores (por ejemplo, libertad, solidaridad, civilidad, etc.). La costumbre de ofrecer alimento al necesitado que lo requiere en nuestra puerta, es una costumbre solidaria. Muchas costumbres se convierten con el transcurso del tiempo en normas jurídicas; otras se modifican sustancialmente y desaparecen. Pero mientras las costumbres implican la existencia de regularidades de comportamiento, es decir, o son practicadas generalizadamente o no son tales, las normas jurídicas pueden tener escasa vigencia.
Dos notas centrales de la problemática argentina que pretendo indagar son por un lado, que la transgresión de las normas jurídicas se halla tan generalizada que puede afirmarse que constituye una costumbre y, por el otro, que las costumbres que pueden ser calificadas de incivilizadas son muchas.
Este trabajo pretende realizar una caracterización del fenómeno transgresor en el país para intentar, seguidamente, formular e ilustrar algunas hipótesis sobre sus causas. De esta manera, en primer término se señala la debilidad de las instituciones reguladoras del Estado para fiscalizar el cumplimiento de las normas y de las instituciones judiciales para sancionar la violación de la ley. En segundo lugar, el fenómeno transgresor parece tener profundas raíces culturales que ilegitiman la legalidad. Por último, los bajos niveles de integración social son también determinantes fundamentales tanto de las violaciones de la ley como de las costumbres incivilizadas.
TRANSGRESORES E INCIVILIZADOS
Una observación atenta de la vida cotidiana permite concluir que la sociedad argentina vive enfrentándose con transgresiones de diversa gravedad. Por ejemplo, el fenómeno de la corrupción aparece vinculado al mundo de los funcionarios públicos, quienes son acusados de brindar favores, que frecuentemente constituyen conductas ilegales, a cambio de determinadas recompensas. Podría construirse una extensa lista de ejemplos sobre esto: cuando las autoridades municipales otorgan licencias para la construcción de edificios cuyas alturas implican la violación de los códigos de edificación; los pagos a los guardas de aduana en los aeropuertos internacionales para introducir bienes que no pueden ingresar libremente o el “retorno” o devolución a los funcionarios públicos de un porcentaje del dinero pagado a los prestadores privados de servicios médicos para que estos mantengan la condición de prestatarios de determinadas obras sociales.
Desde todo punto de vista resulta impactante la magnitud y la antigüedad del fenómeno de la corrupción. La Stampa, de Turín, afirmaba en 1910 que en Argentina “la propina es una institución: tiene un nombre solemne de resonancia griega. Se llama coima. Todos coimean: desde quien desempeña cargos superiores hasta el último inspector. Es una práctica tan normal que si alguien decidiera obtener algo sin recurrir a esa gran señora de las transacciones oficiales correría el riesgo de ser tachado de loco. Hay coimas y coimas. Las hay pequeñas, insignificantes. Corresponden a los empleados de menor jerarquía: al portero, al mandadero, al escribiente. Pero las coimas grandes, las que merecen ampliamente su nombre y que hacen que se hable de ellas con admiración y envidia son las que se vinculan con los contratos del Estado, que los hay por armas, ferrocarriles, puertos, construcción de edificios, algunos de ellos monumentales, con ladrillos importados de Inglaterra, mármoles de Italia y luminarias de Francia”.
La corrupción, sin embargo, no se reduce al ámbito de las relaciones con el sector público: es frecuente observar que los encargados de vender entradas para el cine o el teatro suelan reservar ubicaciones preferenciales para quienes, llegando tarde, están dispuestos a pagar un sobreprecio; también es frecuente la connivencia que existe entre administradores de edificios de propiedad horizontal y los gremios que efectúan servicios en ellos para incrementar indebidamente los precios de los servicios o cobrar servicios inexistentes; otro ejemplo es la sobrefacturación que producen prestadores privados de salud a las obras sociales que financian sus servicios
El tránsito automotor en las principales ciudades y en las rutas del país expresa dramáticamente el fenómeno transgresor. Los semáforos en rojo son violados a gran escala, el mal estacionamiento está tan generalizado como la falta de respeto por el peatón, la velocidad a la cual se desplazan unidades de transporte colectivo es peligrosa, no se utilizan las luces de señalización para advertir sobre maniobras vehiculares, no se respetan los carriles de circulación, existe circulación nocturna de vehículos con iluminación deficiente, es habitual quienes circulan por la izquierda y se adelantan por la derecha, hay una baja utilización de los cinturones de seguridad y en el caso de las motocicletas es usual ver conductores sin casco protector o, más aun, portando el casco en el brazo en una especie de abierto desafío suicida.
Todo ello se traduce en una altísima tasa de accidentes y muertes. En 1992 se produjeron 4144 heridos y 159 muertes por accidentes de tránsito en las calles de Buenos Aires. Los transportes colectivos estaban en ese año al frente de los productores de contravenciones: representaban 0,5 por ciento de los vehículos que circulaban pero habían cometido 15 por ciento de las infracciones fiscalizadas por la policía de tránsito.5 Por otra parte, la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en 1994 fue de 26 por 100 mil habitantes e implicó la muerte de 9120 personas en todo el país. Esta tasa es más elevada que la de varios otros países: en Francia y España la tasa es de 19 por cien mil, en Estados Unidos 18, en Italia 11 y en Suecia 9.
La prensa ha mostrado ejemplos muy diversos de transgresiones: empresarios y artistas evaden impuestos o adquieren vehículos importados cuyo destino original eran personas discapacitadas, se producen medicamentos sin poder curativo y se venden alimentos en mal estado, se falsifican resultados de biopsias para inducir operaciones quirúrgicas y existe contaminación, mucha veces agresiva, del agua y del aire por industrias y vehículos. Por ejemplo, en 1993, la Secretaría de Transporte informaba que 75 por ciento de los 2472 colectivos inspeccionados en la Capital Federal emitía altos niveles de gases contaminantes.
Otras formas de violaciones a las normas tienen que ver con la desaprensión existente en la producción y la comercialización de alimentos. Operativos judiciales en el Gran Buenos Aires acabaron en el decomiso de un millón de sifones con bacterias que habitan en la materia fecal de los caballos (abril de 1991) y de 1.700.000 de latas de puré de tomate coloreadas con óxido de hierro (enero de 1991). En enero de 1992 se encontraron mil kilos de queso muzzarela y siete mil de otros tipos en mal estado en varias pizzerías del Gran Buenos Aires; en diciembre del mismo año se allanaron quintas en Escobar donde se empleaban agrotóxicos para la producción de verduras y hortalizas; en marzo de 1993 vuelven a encontrarse dieciocho toneladas de queso y cinco de leche en polvo en mal estado y al mes siguiente se clausura una planta de fabricación de agua mineral por el alto contenido de bacterias encontrado en ella.
Una visita a un mercado y una feria municipal en la Capital Federal permitió observar otras violaciones frecuentes al Código Alimentario Argentino (CAA): la mayoría de los alimentos que necesitan frío para su conservación estaban fuera de las heladeras; a centímetros de los alimentos había cestos de basura y artículos de limpieza; la mayoría de los alimentos no se encontraban protegidos de la contaminación (vitrinas, campanas) sino al alcance del aliento, saliva, tos o roce de la ropa de vendedores y consumidores. Además, la limpieza de los uniformes obligatorios de los vendedores dejaba demasiado que desear.
Una publicación de ADELCO (Asociación de Defensa del Consumidor) indicaba lo siguiente sobre productos sujetos a evaluación: los niveles de grasa de varios tipos de leche fluida estaban por debajo de lo reglamentado por el Código Alimentario Argentino; el test comparativo de conservas de frutas arrojó irregularidades en cuanto a peso, consistencia, regularidad y líquido de gobierno fijados por el CAA, en casi todas las marcas analizadas.
En el caso de la ciudad de Buenos Aires, dos laboratorios privados contratados por la Municipalidad realizaron entre el 20 de enero y 26 de febrero de 1993 el análisis de una muestra de alimentos, encontrando que sobre casi 2000 muestras de comidas analizadas, 399 (esto es, el 20 por ciento) estaban en mal estado. Los problemas más comunes registrados fueron la presencia de bacterias, hongos y levaduras en valores superiores a los permitidos y envases hinchados y alterados. Muchos de los productos en mal estado se detectaron en supermercados importantes y en negocios de pleno centro de la ciudad.
Hasta ahora me he referido exclusivamente a las violaciones de normas legales, pero también es posible encontrar otro tipo de transgresiones, que podríamos definir como violaciones a reglas de convivencia civilizada. Más precisamente me refiero a que muchas costumbres están al margen u opuestas a determinados patrones de comportamiento a los que se atribuye el carácter de ético o civilizado.
Un caso ilustrativo es arrojar basura a la vía pública o permitir que animales domésticos ensucien las calles de la ciudad. También, tocar agresivamente la bocina del automóvil sobre peatones u otros automovilistas o no permitir el descenso de pasajeros de transportes colectivos por la premura para ascender a ellos. No se trata, en este caso, de un problema de “falta de educación”, es decir, un fenómeno asociado con bajos niveles de escolaridad, ya que esto también sucede, y quizá con más frecuencia, en las zonas habitadas por personas de alta calificación educativa.
El comportamiento de los argentinos en los baños públicos es otro ejemplo patético de la falta de solidaridad, civilidad en la convivencia y desprecio por lo público. Una nota periodística advertía que cualquiera que circule por la ciudad de Buenos Aires puede advertir en sus baños públicos, hábitos similares a algunos países africanos y del sudeste asiático con escasísima cultura de higiene personal. Un estudio en diecisiete restaurantes de mediana categoría dio como resultado que 90 por ciento de ellos tenía condiciones pésimas de mantenimiento y no resistía una mínima inspección municipal. Mientras tanto, los propietarios gastronómicos sostenían que los esfuerzos para mejorar las instalaciones sanitarias no se veían recompensados por la actitud de la gente.
La solidaridad suele entrar en acción cuando se trata de enviar ropa o alimentos a las víctimas de una inundación u otra emergencia, pero es un concepto difícil de asociar al respeto por el otro cuando cruza la calle, cuando desciende de un medio de transporte o cuando se utiliza un baño público.
Los niveles de sensibilidad de la sociedad al fenómeno transgresor son escasos. Así, el gravísimo delito de un falso diputado votando leyes de la Nación en el recinto de la Cámara de Diputados fue caracterizado por sectores de la prensa como una “picardía” del oficialismo a quien esto favorecía. Una encuesta determinaba que un tercio de los varones encuestados consideraban como simpático al personaje Mario Fendrich, un cajero del Banco Nación que desapareció con 3.000.000 de dólares en 1994.11 No son pocos los que defienden a los propios aun cuando hayan transgredido la ley. Un noticiario televisivo mostraba cómo simpatizantes de un club de fútbol defendían a otros “hinchas” que habían llegado al extremo de asesinar a seguidores de otro club.
En definitiva, no es infrecuente que se confunda delito con picardía o “avivada”.
Es obvio que en el país muchas prácticas están inspiradas en códigos que no responden a la universalidad que pretenden las normas jurídicas sino que se encuentran basadas en relaciones clientelísticas, de amistad o familiares. Esto es, predomina la convicción de que estas formas de microsolidaridad poseen un valor máximo y también el desprecio por las normas de contenido universalista. Como esta situación particularista está muy arraigada en Argentina y el universo de la ley positiva no tiene relación con el universo de las costumbres, los comportamientos ilegales no generan actitudes de rechazo explícito, ya sea porque se acepta que la ley “se acata pero no se cumple” o por el temor al bochorno, a la represalia o a la probabilidad de impunidad en caso de denunciar la ilegalidad. El “No te metás” es una frase popular que sintetiza, entre otras cosas, la poca disposición ciudadana a demandar en cualquier circunstancia el cumplimiento de las normas existentes.
Análisis del artículo de Isuani
En este artículo Isuani trata sobre el problema de las transgresiones en Buenos Aires. En términos de Mills, es un problema porque es un asunto público, trasciende al individuo, y tiene que ver con las instituciones de una sociedad en su conjunto. La situación que se percibe es una combinación entre malestar e indiferencia. Hay indiferencia porque hay gente que no siente estimación por ningún valor ni nota ninguna amenaza, precisamente porque no le interesa. Son aquellos que (por ejemplo) cruzarán el semáforo en rojo porque así lo desean y punto, y no les parece mal que el resto haga lo mismo. O aquellos que utilizan agrotóxicos para la producción de hortalizas.
Existe un estado de malestar porque la sociedad advierte cierta amenaza contra los valores, se tiene conciencia de que lo que ocurre no es lo que debería, si se quiere formar una sociedad “civilizada”. Sin embargo, a pesar de que se advierte malestar estas formas de violaciones a las normas son tomadas como algo “natural” en Buenos Aires.
Esta naturalización de la transgresión tiene que ver con que ya es parte de la vida cotidiana, son hábitos que como tales, tienen carácter histórico. Hasta se puede proponer que ciertas transgresiones están institucionalizadas, es decir que hay una tipificación recíproca de estas habituales acciones de los actores. Es de esperar que algún conductor cruce el semáforo en rojo, que haya papeles en el piso o que los baños públicos estén en malas condiciones. Porque son hábitos históricos en nuestra sociedad, que hace años se repiten y con el tiempo hemos internalizado la transgresión como algo normal, especialmente en cuanto a la desvalorización por lo público: las cosas que hace
un argentino en su país seguramente no las haga en el exterior, o le sorprenda que sucedan violaciones en cuanto a , por ejemplo, la producción de alimentos.
Que esté institucionalizado no significa que sea legal. Un claro ejemplo de esto es la coima: un policía que aplica una multa no se va a sorprender de que el otro actor le ofrezca dinero para olvidar el asunto.
Que la transgresión de las normas jurídicas sea hoy “casi una costumbre”, sugiere que (en términos de Rousseau) el contrato social en la realidad cotidiana no existe, es un mero conjunto de códigos escritos. Esto se observa en la violación de estas disposiciones destinadas a regular la conducta social, que son productos de las instituciones de gobierno.
En estos casos el problema de romper las normas es un hecho usual, es previsible y justamente porque está naturalizado es que se pierde la capacidad de asombro y por lo tanto la actitud crítica y transformadora.
En nuestro país las normas están, lo que existe es un desprecio por la normatividad que se asemeja a lo que Durkheim considera como “Anomia”. En esta situación se borran los límites y las pasiones se vuelven desmedidas. Es esta anomia, que significa la no aceptación de los límites que impone la sociedad, la que genera en términos funcionalistas, “disfunción” en la estructura de la sociedad. Es decir hay un desequilibrio en la estructura de la sociedad: Las instituciones, los valores y las estructuras sociales ya no se encuentran interrelacionadas funcionalmente en un todo más o menos integrado. En definitiva, las transgresiones tienden a acortar la integración y estabilidad de la sociedad, debido a que prevalecen los intereses individuales sobre los del conjunto de la sociedad. De esta manera no es posible la constitución de una sociedad, ya que se impondrá la voluntad de los individuos que ostenten el poder. |
Inicio
