1) respetar los derechos protegidos;
La obligación de respetar los derechos humanos asumida por el Estado en los instrumentos internacionales implica la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser menoscabados por el ejercicio del poder público. En la protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal. Implica también el deber para los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Es decir que la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de los Estados no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia.
Lo dicho en el párrafo anterior está íntimamente ligado a la concepción moderna de acceso a la justicia. Aquella que entiende que el derecho de acceso a la justicia es mucho va mucho más allá de la existencia de una norma que posibilite el acceso a los tribunales. Sobre el tema resulta sumamente conducente la idea de Frank Kafka de graficar el alcance del acceso a la justicia mediante la siguiente parábola “Un humilde campesino transita por un camino. En ese camino aparece una puerta que está cerrada y le impide el paso. El campesino golpea varias veces la puerta hasta que sale un guardia. El campesino le pide pasar y el guardia le niega el paso diciéndole por ahora no puede pasar más tarde posiblemente sí. El campesino espera horas, días y años, a punto de morir vuelve a golpear la puerta y le dice al guardia, yo no pude pasar pero tampoco nadie atravesó esta puerta, el guardia le responde es que esta puerta se construyó para usted y volvió a cerrarla”. Explica Kafka que en esa parábola el campesino es la persona vulnerable, la puerta es la ley que reconoce el derecho del vulnerable y el guardia representa al engorroso procedimiento y al funcionario obtuso que impiden que el vulnerable pueda ejercer su derecho. En rigor de verdad derecho internacional de los derechos humanos tiene precisiones sobre la existencia de recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para demandar por la vulneración de los derechos fundamentales. Como se señala anteriormente la obligación del Estado no es sólo negativa, de no impedir el acceso a esos recursos, sino fundamentalmente positiva, de organizar el aparato institucional de modo que todos, y en especial aquellos que se encuentran en situación de pobreza o exclusión, puedan acceder a esos recursos.
Las políticas que apuntan a garantizar servicios jurídicos apersonas carentes de recursos, actúan como mecanismos para compensar situaciones de desigualdad material que afectan la defensa eficaz de los propios intereses y por ello, son quizá las políticas judiciales que se emparentan con las políticas y servicios sociales. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) plantea un deber estatal de organizar los citados servicios como política positiva para compensar situaciones de desigualdad real, y garantizar igualdad de herramientas en un proceso judicial. Sin embargo no ha precisado mucho sobre su naturaleza y características. Puede advertirse rápidamente la relación existente entre el campo los derechos humanos y los principios que suelen orientar o guiar las políticas sociales y estrategias de desarrollo. La profundización de tal relación dependerá de la voluntad de cambiar la lógica de formulación de ciertas políticas públicas y sus niveles de universalidad, transparencia y fiscalización. En este potencial encuentro será fundamental también el rol que puedan jugar los órganos de supervisión internacional de derechos humanos mediante la fijación de estándares mínimos claros y precisos, en aquellos temas de interés común como la igualdad y el acceso a la justicia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) contemplan el derecho de toda persona a una garantía judicial que resulte efectiva frente a una eventual violación de los derechos humanos reconocidos por los respectivos instrumentos.
El artículo 25 de la CADH estipula que Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; Por su parte, el artículo 2.3 del PIDCP dispone que
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
– se establece una obligación estatal de crear un recurso primordialmente de carácter judicial, aunque otros recursos son admisibles en la medida en que sean efectivos; – se exige que el recurso sea efectivo ;
“… la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquellos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley”. |
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